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La morosidad empresarial

empresariales

En España la mayoría de las empresas, tanto del sector privado como del público, incumplen la Ley de Morosidad que exige unos plazos máximos para el pago a proveedores, autónomos y otro tipo de deudas. Esta realidad se ha visto reflejada en informes y es por ello que desde el Gobierno ya están “trabajando en ello”.

Para reducir la morosidad entre las empresas, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas que regularán la ley de contratos para empresas que trabajen con el sector público. La semana pasada se acordó la penalización a las empresas con contratos públicos y que tengan deudas pendientes con proveedores. Como medida de control, se reduce el plazo máximo para pagar las deudas pendientes a 30 días cuando se trate de relaciones entre empresas y Administración,  plazo ya establecido en la ley vigente desde 2013, pero que aún se incumple.

El Gobierno ha modificado en concreto la Ley de Contratos del Sector Público, centrándose en la comprobación de solvencia exigiendo nuevos requisitos para establecer relaciones con el sector público. La nueva cláusula afecta la concesión de contratos y la presentación a concurso de las empresas, a las cuales se les exigirá estar al corriente de pago con todos los proveedores. Según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, “es un criterio que va a favorecer a las grandes empresas que reduzcan los plazos de morosidad”.

Esta medida pretende regular los pagos que hasta ahora venían produciéndose en plazos de hasta 90 días por parte de las empresas públicas, según el Informe de morosidad elaborado por la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). A pesar de ello, según la ATA, en junio la morosidad de las administraciones públicas se había reducido un 42,2% en tres años, descenso del plazo de pagos que también se produjo en el sector privado reduciéndose en un 18,3% para situarse en una media de 85 días en el mes de junio de este año. A pesar de ello, ambos sectores siguen incumpliendo la Ley de Morosidad de 2013, y es por ello que desde el sector público han querido presionar y establecer plazos máximos ajustándose a la ley (que exige 30 días para el pago en el sector público y 60 en el privado).

En este informe de la ATA también destacaban las comunidades de Asturias, Castilla La Mancha y Canarias como las que más redujeron los días de pago en el período de tres años, quedando al final de esta lista la Comunidad Valenciana (con hasta 125 días de plazo en sus pagos), Galicia, La Rioja, Extremadura, País Vasco y Navarra. Madrid y Aragón aumentador el plazo de pago en 3 y 5 días respectivamente.

Como último dato, el informe destaca que las grandes empresas son las que más tardan a la hora de pagar las facturas de sus autónomos, llegando a una media de 128 días.

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